Opinión: Obligan a empleados a laborar pese a contagios por COVID-19

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

El Consejo de Salubridad General declaró el pasado 30 de marzo, la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante el COVID-19. Estableció de manera general las actividades productivas que debían detenerse por considerarse no esenciales, con el objetivo de contener la propagación de dicha enfermedad.

Las actividades no esenciales fueron interpretadas a discreción por varias empresas, que obligaron, a sus empleados a asistir a sus centros de trabajo, a pesar de la petición gubernamental de que la ciudadanía se mantuviera en casa y contener así la propagación del coronavirus.

A pesar de las recomendaciones como la guía de acción para los centros de trabajo ante el Covid-19, muchas compañías siguieron operando de manera presencial, sin sana distancia, sin reducción del número de personas trabajadoras expuestas, sin medidas específicas para personas vulnerables y sin medidas higiénicas de acuerdo a los protocolos avalados por la autoridad sanitaria, poniendo en mayor riesgo la salud de los empleados de maquiladoras, intendencia, seguridad privada, tiendas de electrodomésticos y otros colaboradores que podrían haber realizado sus tareas a distancia.

La autoridad indicó que se inspeccionaron empresas no esenciales y esenciales. En las no esenciales se verificó que estuvieran cerradas y en las esenciales que cumplieran con las medidas de protección y salud emitidas por la Secretaría de Salud con base a la NOM30, que establece “el patrón debe asegurar las medidas oportunas y necesarias de salubridad para el bienestar físico del trabajador. Si el patrón no garantiza esto, entonces no puede solicitar al empleado que se presente en su lugar de trabajo para cubrir guardias o laborar de forma presencial”.

De acuerdo con las inspecciones federales realizadas por la Procuraduría de Defensa del Trabajo (Profedet), muchas de las empresas que no promovieron el aislamiento social pertenecen a la Industria Automotriz (25.78%), comercio o distribución de productos no esenciales (21.09%), industria textil (17.97%), industria maderera (9.38%) y “otras” (25.78%)

A quienes desatendieron la indicación del gobierno, se les pudo haber levantado acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, clausurado la empresa o fincarles responsabilidades ante el Ministerio Público por probable delito contra la salud, castigado hasta con cinco años de prisión, de acuerdo a los estipulado en el Código Penal Federal, ya que el Peligro de Contagio por COVID-19 puede provocar la muerte.

Lamentablemente no se sabe cuántas empresas han sido sancionadas por no respetar las medidas dictadas por la autoridad sanitaria, ni cuántos trabajadores han resultado contagiados en sus centros de trabajo, lo que permitiría desterrar la negligencia que desafortunadamente cobra vidas.