OPINIÓN: Nuevos derechos sociales con reforma al artículo 4° constitucional

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Por Gabriela Jiménez Godoy

El pasado viernes 8 de mayo de 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4° Constitucional que establece la creación del Sistema de Salud para el Bienestar y se eleva a rango constitucional el acceso universal de los servicios médicos, así como las pensiones para adultos mayores, para las personas con discapacidad y las becas para estudiantes de escasos recursos.

La creación del Sistema de Salud está encaminado a brindar atención a las personas que no cuentan con acceso a la seguridad social y asegurar la calidad de los servicios de salud de manera integral y gratuita para quienes no podían recibir estos servicios anteriormente.

Con esta reforma, se otorgará una pensión a las personas adultas mayores de 68 años en adelante. En el caso de los adultos mayores indígenas y afromexicanas el apoyo se les otorgará desde los 65 años de edad.

Asimismo, se garantiza un apoyo económico para las personas con discapacidad permanente, teniendo como prioridad a los menores de 18 años, indígenas, afromexicanos, y los que se encuentren en condiciones de pobreza.

El Estado establecerá un Sistema de Becas para las y los estudiantes de todos los niveles de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a familias que se encuentren en condición de pobreza, a fin de garantizar por igual el derecho a la educación de los menos favorecidos.

La reforma al artículo 4° abona al fortalecimiento de los programas sociales, donde el gobierno deberá actuar con responsabilidad para obtener resultados eficaces y duraderos, a efecto de disminuir la brecha de la desigualdad abriendo oportunidades a los más desfavorecidos y así lograr bienestar en el país.

Esta reforma reafirma los principios básicos del Estado al privilegiar los derechos sociales sobre cualquier otro. De esta manera se consolidan las políticas, en la búsqueda por alcanzar una sociedad democrática, solidaria, incluyente, donde sus derechos sociales sean ejercidos por todos, de manera igualitaria.

Con este paso, se transforman los programas en derechos sociales, brindando a la ciudadanía el poder para exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.

A su vez, se asegura que el monto de los recursos asignados en el Presupuesto no podrán disminuirse, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Por tanto, la reforma garantizará recursos públicos suficientes para que en cada presupuesto se cubran estos derechos sociales, es decir, se blinda el presupuesto para el bienestar social.

En pocas palabras, la elevación a rango constitucional de estos derechos sociales, garantiza a la sociedad mexicana gozar de servicios que perdurarán a lo largo de gobiernos y de personas.

Gabriela Jiménez es presidenta de la Fundación Dime y juntos lo Hacemos e Integrante del Colectivo 50+1