Opinión: Necesaria una reforma fiscal en México

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

En México existe una enorme debilidad tributaria debido a que sólo se recauda poco más del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) vía impuestos. Ello representa uno de los menores porcentajes registrados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La escasa recaudación obedece en parte a las grandes condonaciones de impuestos que benefician a los regímenes especiales. Por ejemplo, en el 2020 se registraron pérdidas recaudatorias superiores a los 840 mil millones de pesos.

A lo anterior se suma que aún está pendiente la consolidación de la ampliación de la base tributaria, lo que genera insuficiencia de ingresos públicos para garantizar que la población tenga acceso efectivo a derechos sociales como salud, educación, seguridad social, alimentación y que no baje la carga tributaria de las clases media y baja, entre otros rubros.

Por ello, en conjunto con los gobiernos de los estados, se plantea revisar la estructura fiscal del país, para eficientar la política social, la inversión en infraestructura y se conceda viabilidad al sistema de pensiones.

En tal virtud, es necesario un cambio en el marco fiscal, ante la situación de pobreza, desigualdad y exclusión prevaleciente en el país.

Sobre este asunto, varios legisladores coinciden en que podría ser una reforma fiscal sin nuevos impuestos ni aumento de los mismos, donde sea ampliada la base tributaria, destinada a fortalecer los ingresos del gobierno federal, de los estados y municipios.

De esta manera se atraería inversión y se atajaría la evasión fiscal, bajo un esquema de progresividad y fortalecimiento de la simplificación administrativa, la cual permitiría la creación de nuevas empresas, apoyo a las existentes y lograr una recuperación económica bajo un sistema eficaz, eficiente y equitativo de los recursos.

El plan debe estar encaminado a la implementación de políticas que restablezcan la confianza de los agentes económicos, apoyo para proteger cadenas de valor, certidumbre a la inversión pública y privada para apuntalar un crecimiento rápido y sostenido, que genere empleo y bienestar en la población.

El objetivo de la reforma fiscal debe fortalecer la capacidad del gobierno federal para hacer frente a los compromisos, a los rezagos sociales y productivos del país, así como incidir en el proceso de crecimiento económico, en condiciones de estabilidad económica y social, y para que sea financiado en mayor medida, con la contribución de los estratos de la población de mayores ingresos, y en congruencia con el principio de equidad.

La reforma fiscal deberá ser promotora del desarrollo económico y social. De su eficiencia dependerá en gran medida la atención a las necesidades de la población.