Opinión: Más tiempo para modificaciones al outsourcing

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

El outsourcing durante muchos años brindo las facilidades necesarias para que miles de empresas pudieran delegar en otras la prestación de algunos servicios, y tener la oportunidad de reducir hasta en un 50% sus gastos.

Este esquema permitió que un 23% del empleo formal registrado ante el IMSS, dependiera de esa figura y más del 55% de la fuerza laboral en México pudiera ser empleado bajo esquemas de subcontratación que permitían que el universo de trabajadores empleados llegara hasta los 4.5 millones. 

Casi 45% del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías, se encontraba subcontratado. De este porcentaje, el 35% corresponde a personal de servicios, 30% dedicado al comercio y 25% a la manufactura.

En abril, fue publicado el decreto que transforma radicalmente el régimen de la subcontratación laboral para evitar que algunas empresas continuaran eludiendo sus obligaciones laborales, de seguridad social y tributarias, mediante la utilización de diversos esquemas de contratación.

Sin embargo, la reforma publicada estableció un periodo muy corto para poder implementar las nuevas disposiciones laborales, que modifican sustantivamente la manera en que las empresas deberán operar. Muy pocas cuentan con las posibilidades económicas y técnicas para la instrumentación de los cambios de la nueva regulación, lo que pondría en riesgo la viabilidad económica de cientos de empresas. 

Existe por parte de las empresas toda la disposición para acatar la nueva Ley que regula la subcontratación. Sin embargo, menos del 30% de ellas han cumplido con los plazos establecidos, debido a las complicaciones técnicas que conlleva migrar a esquemas laborales nuevos. Pese a ello, hay 2.3 millones de trabajadores que han migrado de una empresa prestadora de servicios de personal a un patrón directo, con incrementos de 12% o más del salario base de cotización, que pasó de 472.50 a 529.40 pesos.

A la fecha, todavía hay miles de empresas que, a pesar de su voluntad, por razones técnicas, de información o de capacidad propia o de terceros, no han podido cumplir con la totalidad del proceso, habiéndolo iniciado.

Por ello, es importante que se les permita contar con mayor tiempo para asegurar la exitosa puesta en práctica de la reforma, evitar que caigan en la ilegalidad y se ponga en riesgo las fuentes de ingresos de millones de trabajadores.

Además se deben fortalecer los nuevos esquemas laborales que incentiven la creación de empleos formales, la inversión, combatan la informalidad, doten de herramientas de vigilancia a las autoridades laborales bajo parámetros de transparencia y rendición de cuentas.

La reforma debe brindar tanto para trabajadores y empresarios, elementos que faciliten la formalidad, la generación de empleos y la recuperación de la economía.