Opinión: La violencia digital se castiga con prisión

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Por Gabriela Jiménez Godoy
Presidenta de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos e Integrante del Colectivo 50+1

Recientemente, mientras estaba formada para pagar algunos productos, escuché a una joven platicar respecto a su desesperación porque su novio la había amenazado que, si terminaba con él, subiría a Facebook e Instagram las fotos que se habían tomado en la intimidad.

Esta situación atrajo mi atención y recordé que desde el 23 de enero de 2020, es vigente la reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, la cual castiga la violencia digital, que no es otra cosa que: distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento.

Este delito se penaliza con hasta con seis años de prisión y una multa de más de 85 mil pesos. Además, la pena se agrava al triple cuando la amenaza consista en difundir y exponer material de una pareja sentimental.

La persona que sea víctima, debe acudir al Ministerio Público, el cual tiene la facultad de ordenar de manera inmediata, que las plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, interrumpan, bloquen, destruyan o eliminen las imágenes, audios o videos relacionados con la persona afectada.

Esta reforma se conoce a nivel nacional como la Ley Olimpia” debido a que Olimpia Melo Cruz, sufrió la humillación pública de que su exnovio divulgó contenido sexual de ambos en redes sociales, sin su autorización. A raíz de esta lamentable experiencia, 21 Congresos en la República Mexicana han legislado para castigar la violencia digital.

Con esta reforma, avanzamos como sociedad en el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que castigan cualquier acción que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

La privacidad sexual es un valor humano protegido jurídicamente. Quien amenace, intimide o por despecho haga público el material sexual de otra persona sin su consentimiento, debe enfrentar a la justicia.

Sin pensarlo más, me acerqué a la joven, para decirle que no estaba sola. Le expliqué detalles de la Ley Olimpia y ofrecí ayuda. Lamentablemente este tipo extorsión o presión, es un fenómeno que existe y padecen muchas mujeres. Es momento de alzar la voz y denunciar inmediatamente a quienes cometen este delito. Es responsabilidad de las autoridades capacitarse para apoyarnos y defendernos con apego a derecho. Si eres víctima de violencia digital puedes contactarnos en la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos a través de Facebook: Dime y Juntos lo Hacemos, Twitter: @Dimeyjuntoslohacemos  e Instragram: @JuntosloHacemos.