Opinión: Frenar la violencia contra la mujer

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Gabriela Jiménez Godoy
Presidenta de la Fundación “Dime y Juntos lo Hacemos” e Integrante del Colectivo 50 + 1

Desde hace años en México se registran altos índices de violencia contra las mujeres. Cada día, niñas y mayores de edad son agredidas, violadas y asesinadas y quienes sobreviven son revictimizadas por las instituciones que debieran proteger su integridad y velar por el respeto de sus derechos humanos.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que de enero a julio del 2020, fueron asesinadas dos mil 240 mujeres en el país, cifra que representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo periodo de 2019, y de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 2 de cada 10 fueron menores de 17 años de edad.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), indica que de las mujeres mayores de 15 años de edad, 36% sufrieron algún incidente de agresión física, 34% emocional, 49% económica 29% sexual, siendo en su mayoría a manos de agresores conocidos, tanto en el espacio privado como en el público, cifras que se incrementaron durante el confinamiento, ya que la tasa de mujeres jóvenes asesinadas de entre 20 y 35 años se triplicó, estando más expuestas a las agresiones aquellas que tienen o tuvieron una pareja.

Las cifras son alarmantes y se desconoce la magnitud real del fenómeno, debido a los delitos no denunciados. Por años se ha exigido al Estado reconocer la magnitud de la violencia para que diseñe e implemente políticas transversales e integrales que pongan un freno a la violencia contra la mujer.

Urge derribar el muro institucional responsable de que las víctimas no denuncien, ya que sólo alimenta la impunidad y aumenta la violencia. Se tiene que desterrar la normalización de la violencia posibilitando opciones de salida y resguardo de la integridad de las mujeres e identificar las acciones u omisiones de la autoridad que posibilitaron el escalamiento de estos actos, para que sean corregidos.

Se deben mejorar los sistemas de información, reducir el rezago de casos en el sistema de justicia penal, tratar con perspectiva de género todos los casos para erradicar la impunidad y mejorar los protocolos de referencia y contra-referencia en los servicios de salud.

Hay avances como la Ley Olimpia sobre violencia cibernética y se han configurado elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero faltan recursos en los centros de justicia para mujeres; en los refugios para mujeres en situación de violencia y en los programas específicos en los municipios más vulnerables, lo que debilita estas estructuras que han mostrado ser un gran apoyo.

Como lo ha señalado la ONU, la violencia contra las mujeres se podrá eliminar, cuando se garantice el acceso a la justicia y el combate de la impunidad, con una perspectiva de género, donde el centro de las políticas sean las víctimas, las sobrevivientes y sus familias para que accedan a una efectiva justicia en México.