Opinión: El COVID, las pensiones y las jubilaciones

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Por Edgar F. Garza Ancira

En el año 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una recaudación de 350,110 millones de pesos como ingresos de cuotas obrero-patronales. Sin embargo, en el 2020 las finanzas del Instituto registrarán una disminución de 8,131 millones de pesos, debido a una menor recaudación propiciada por la inactividad económica. Además tendrán que utilizarse 9,897 millones de pesos de la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento (ROCF), para ampliar la prestación de servicios médicos especializados, producto de la pandemia.

El IMSS atraviesa una creciente demanda de servicios y un régimen de jubilaciones y pensiones que representa un enorme pasivo laboral. En 2019 hubo gastos por 486,264 millones de pesos, lo que representó 53,743 millones de pesos más, respecto a lo gastado en 2018, por gastos de funcionamiento, pero en especial debido al incremento de pagos a pensionados y jubilados. A lo anterior, se le debe sumar el pasivo total, que asciende a 347,988 millones de pesos, cifra superior en 57,588 millones de pesos respecto al 2018.

Se vislumbra en el corto, mediano y largo plazo, afectación a los fondos de la seguridad social por los recortes a las aportaciones y cotizaciones realizadas por la caída en el empleo, menor actividad económica y el aumento de la jubilación por incapacidad permanente que incidirá gravemente en los recursos del IMSS.

Los pensionados en México no reciben más del 50% del último salario percibido, lo que representa la pensión más baja de los países que integran la OCDE. Por lo tanto, resulta necesario, aumentar los beneficios no contributivos a fin de contrarrestar la pobreza en la vejez y unir la pensión social no contributiva (Pensión para Adultos Mayores) y la Pensión Mínima Garantizada. Se debe homogeneizar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y armonizar los planes de pensiones y regímenes especiales para trabajadores públicos y privados,  así como reducir las comisiones que cobran las AFORES.

Se deberá lograr una mejor eficiencia financiera en el manejo de los sistemas de pensiones públicas que actualmente no están siendo rentables, porque no se invierte en instrumentos como CETES. También deben reducirse las primas de los seguros de invalidez, vida y riesgos en el trabajo, las cuales son elevadas y restan recursos a las cuentas individuales de los trabajadores.

Parece poco probable que el impacto de la pandemia lo padezcan los trabajadores en activo, pero sí lo enfrentarán los pensionados del futuro, ya que muchos están disponiendo dinero de su plan de retiro para tener liquidez ante la contingencia. El problema será en el largo plazo, al haberse afectado el monto de la pensión pública o privada que recibirán luego de su jubilación y que será la única fuente de ingresos durante el resto de su vida.

Edgar Garza es consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos