Opinión: Corrupción y trata de personas

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Gabriela Jiménez Godoy
Presidenta de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos e integrante del Colectivo 50+1

En el pasado, la corrupción fue un elemento ignorado en el desarrollo e implementación de políticas públicas para erradicar la trata de personas.

Reconocer la existencia de la corrupción en funcionarios y agentes encargados de aplicar la ley e impartir justicia, es un paso importante para enfrentar la trata de personas en México.

La corrupción no es un elemento considerado dentro de los planes de acción contra este delito, debido a una mínima sensibilización del problema, a escaso monitoreo de sectores en riesgo y enfoques de género, nula o mínima transversalidad de la lucha contra la corrupción y la trata de personas dentro de los contenidos educativos y en los programas de salud y deficiente coordinación de las instituciones encargadas de la prevención.

Resulta lamentable el rezago y carencia de datos oficiales, lo que confirma como la corrupción abona al aumento de la trata de personas. Existen indicios de que algunas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, facilitan a los tratantes el reclutar, movilizar y explotar a sus víctimas.

Asimismo hay sospechas de que ciertos impartidores de justicia obstaculizan investigaciones, impiden el procesamiento de los implicados y no brindan la protección adecuada a las víctimas, dejándolas en total indefensión. Incluso hay quienes revelan información confidencial a cambio de cuantiosos sobornos.

La no aplicación del estado de derecho, genera altas posibilidades de que se cometan actos de corrupción que desalientan a las víctimas a no denunciar por temor a represalias o desconfiar de que su denuncia concluirá en una acción condenatoria para los responsables.

Para combatir la trata de personas y la corrupción de una manera sistemática, se debe compartir información, experiencias y recursos entre todos los actores involucrados para inhibir la comisión de este delito.

También se deben identificar los sectores vulnerables, sin dejar de lado la capacitación en materia de anticorrupción a funcionarios que atienden casos de trata. Proporcionar salarios adecuados y mayores mecanismos de transparencia en los sectores encargados de hacer cumplir la ley e impartición de justicia.

Así como estricta aplicación de códigos de conducta, aunados a altos estándares de supervisión, disciplina, responsabilidad y evaluación del desempeño del cargo.

Se requiere de una cooperación interinstitucional que permita contar con datos e información para una mejor comprensión del problema, protección de informantes e integridad de funcionarios, así como aplicación eficiente de condenas a quienes incurran en estas actividades.

Estos son algunos elementos esenciales que pueden traducirse en líneas operacionales e iniciativas concretas, para prevenir y combatir la corrupción en la trata de personas.