Opinión: Consulta Popular y participación de las personas con discapacidad

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular para que la población decida si se juzga o no a los expresidentes por posibles actos de corrupción, cometidos en sus respectivas administraciones.

Sin duda alguna, existe un gran interés por parte de los ciudadanos porque se den a conocer los actos de corrupción de cualquier gobierno ya sea pasado o presente y en caso de existir hechos ilegales, estos sean castigados conforme a las leyes.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de la Consulta Popular desde octubre de 2020, declarando constitucional su realización, la cual en un principio tenía como propósito preguntar si se llevaba a juicio a los últimos cinco expresidentes, sin embargo los ministros modificaron la pregunta para evitar fuera dirigida a alguna persona en particular.

Estableciéndose así, como la primera vez en la historia que se realizará este ejercicio democrático, que le devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios, sin violar derechos humanos ni el debido proceso, al apegarse a lo establecido en el artículo 35 constitucional.

Además, deja en claro que el resultado no será obligatorio para la Fiscalía General de la República (FGR), ni para los jueces, quienes más adelante podrán centrarse en la resolución de los juicios.

La posición de la SCJN al avalar la Consulta Popular, se apega a la legalidad que le concede el cumplimiento de su mandato como jueces constitucionales. Bajo esos criterios, es que avaló la participación política como derecho fundamental de los ciudadanos bajo el concepto de soberanía popular, siendo ésta la fuente y única legitimación, del poder político.

Frente a esta consulta, debieran establecerse condiciones de accesibilidad de los ciudadanos con discapacidad, que permita hacer efectivos los principios de igualdad, no discriminación, participación y auto representación, para que este sector de la población pueda ejercer, si así lo desea, su derecho a emitir su opinión en este plebiscito.

Se espera que la autoridad electoral considere proporcionarles elementos accesibles, adecuados y fáciles de entender y utilizar como: mamparas especiales para personas con sillas de ruedas o de talla baja; proporcionar un mango ergonómico con un elástico para personas con falta total o parcial de alguna extremidad superior, además de permitirles entrar acompañados.

Seguramente, también se contempla la implementación de urnas y plantillas para boletas con sistema braille para personas con discapacidad visual para que puedan participar en la consulta.

De esta manera se permitirá que las personas con discapacidad puedan votar de forma universal, libre, directa y secreta, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.