Opinión: Clonación de tarjetas y robo de identidad

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

Hoy en día, las tecnologías de la información se han convertido en herramientas indispensables para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y en el pilar para potenciar el crecimiento de las economías internacionales, al convertirse en la mayor fuente de consulta de información y plataforma comercial, pero también en un medio utilizado para cometer actos ilícitos, al implementar ataques informáticos para robar información de terceros.

El sector financiero, es el que más enfrenta hackeos informáticos, a pesar de contar con tecnologías de punta e invertir grandes cantidades monetarias en ciberseguridad.

En 2019, se registraron fraudes por clonación de tarjetas con pérdidas cuantificadas en más de 8,500 millones de pesos y en más de 1,851 millones de pesos por el robo de identidad, situando a México en el octavo lugar a nivel mundial, por estos delitos. Se estima que las cifras podrían ser mayores en el presente año, debido al aumento de compras y pagos bancarios en línea, impulsadas por la pandemia.

Al estar inmersos en un mundo digital, estamos más expuestos a ser víctimas de algún delito, si no se toman las medidas preventivas pertinentes.

Los especialistas reconocen que el 90% de los fraudes financieros se llegan a resolver a favor de los usuarios. Sin embargo, el proceso de aclaración pude llevar hasta 6 meses en solucionarse. Por ello es necesario legislar en la materia para que existan leyes más rígidas que inhiban estos delitos.

Hasta en tanto eso ocurra, los usuarios debemos realizar nuestras compras y transacciones en lugares que no sean públicos ni bajo redes inalámbricas desprotegidas, así como utilizar solamente aplicaciones oficiales, además de modificar nuestras contraseñas de cuentas digitales y dispositivos varias veces al año e instalar sistemas antivirus.

Asimismo, los bancos deben incrementar la seguridad en el manejo de la información de los usuarios, incluyendo ciberseguridad y prevención del fraude a través de medios digitales, principalmente en los sectores bursátil, ahorro y crédito, así como de intermediarios financieros no bancarios.

Además se deben implementar acciones, procesos y programas de seguridad digital para proteger los sistemas de información críticos de sus instituciones financieras bajo planes derivados de las necesidades de adopción y aplicación de marcos regulatorios, mejores prácticas y estándares internacionales, así como garantizar una adecuada comunicación con los clientes, en el caso de que se violen los sistemas de seguridad.

En resumen, se requiere de un mayor vínculo entre bancos, sector financiero para la prevención de ataques en conjunción con el poder legislativo y el sistema judicial, para inhibir y combatir de manera más eficiente la comisión de estos delitos.