Opinión: Castigo de 6 años de prisión a la Violencia Política en México

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Por Gabriela Jiménez Godoy
Presidenta de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos e Integrante del Colectivo 50+1

El 14 de abril de 2020, entró en vigor la reforma para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, de cara a los comicios del próximo año 2021.

Esta reforma blinda la intimidad y privacidad de las mujeres y castigará con hasta 6 años de prisión, a quien cometa el delito de Violencia Política. Que entre otros aspectos significa: “limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como el libre desarrollo de la función pública”.

De hoy en adelante, se sancionará la difamación, calumnia o aquellas expresiones que busquen denigrar a una mujer y desprestigiar injustamente a una adversaría política y afectar su imagen ante el electorado.

En esta reforma también se ajustó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la finalidad de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, para contar con información estadística oficial y unificada sobre este fenómeno y dimensionar su incidencia, así como las condiciones en que se presenta.

Con relación a lo anterior, el pasado 29 de julio, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género, para tomarla en cuenta en las próximas elecciones.

Como muchos, aplaudo la decisión del Tribunal Electoral para plasmar jurídicamente esta decisión en la legislación mexicana. Estimo necesaria una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que se establezca en dicho instrumento jurídico, que quien sea sentenciado por Violencia Política en razón de género, no pueda participar en ningún proceso electoral, al menos por 6 años. Con un castigo de esa magnitud, muchos pensarán dos veces pretender siquiera atacar injustamente a una mujer como estrategia para ganar una elección. Desde mi posición como activista social, apoyaré a quien abandere esta propuesta en el Congreso de la Unión.

Estamos hartos de la guerra sucia en los procesos electorales y como ciudadanos exigimos elecciones limpias, en donde las ideas y las mejores propuestas sean las que orienten la decisión del electorado.

¡Basta! de injurias, difamación y burla en los procesos electorales. Llegó la hora de competir respetando la intimidad e integridad de las mujeres, sin el temor de ser marcadas de por vida por hacerse público lo privado.

El tiempo de las mujeres para ocupar espacios de decisión ya es una realidad. Es momento de mantener en alto la mano para ejercer con responsabilidad el gobernar o legislar para el bienestar de todos. En las mujeres está transformar al Estado.