Opinión: Calificar como enfermedad laboral al COVID-19

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

El pasado 27 de enero, legisladores del Congreso de la Unión, aprobaron una propuesta para que la Secretaría del Trabajo considere la posibilidad de incluir al COVID-19 como una enfermedad laboral, al indicar que es de rápido contagio, puede generar incapacidad permanente y por representar un riesgo latente en los centros de trabajo.

Medida similar adoptó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde abril del 2020, al reconocer al coronavirus como enfermedad de trabajo, debido a la alta exposición de sus médicos, enfermeras, servicios de laboratorio y gabinete, asistentes médicos, trabajo social, terapia respiratoria, servicio de intendencia, auxiliares del servicio de patología entre otros puestos que tengan contacto con pacientes en los servicios de consulta externa. Por ejemplo: urgencias, terapia intensiva, unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención del sector público y privado.

Al Considerar al COVID-19 como enfermedad de trabajo en el sector salud, se estableció de inmediato el compromiso de que en caso de contagio, se ampliaría el pago de la incapacidad al 100% a partir del día uno, considerando el salario base de cotización, considerando que si se refiere a otra enfermedad, se paga el 60% del salario, después del cuarto día de enfermedad.

Existe falta certeza acerca de que si la Secretaría del Trabajo incluirá al coronavirus como enfermedad laboral. Lo que sí ha ocurrido es que las empresas adoptaron medidas de higiene, trabajo a distancia y utilizan dispositivos de protección en los centros de trabajo y acciones para todo su personal.

Además, algunas compañías redujeron la jornada laboral, escalonamiento de jornadas y reorganización de turnos, para salvaguardar la salud de sus empleados en estricto apego a las recomendaciones establecidas por la Secretaría de Salud.

Empresarios y trabajadores desde el inicio de la pandemia pactan condiciones laborales para tratar de salvaguardar y garantizar los empleos y la continuidad de los negocios.

Lo anterior, derivado de los problemas económicos que enfrentaron principalmente, las empresas que pararon actividades y mantuvieron en lo posible a su personal percibiendo sus salarios.

Catalogar como enfermedad laboral al COVID-19, es una medida que asegura los derechos laborales y facilita a las empresas otorgar incapacidades a sus trabajadores que resulten contagiados.

El inconveniente, es cómo acreditar que los contagios que se presenten son consecuencia directa de una actividad que se desarrolla o ejecuta dentro de un centro de trabajo y descartar la posibilidad de haber ocurrido en cualquier otro lugar. En caso de carecer de certeza, prevalecerá lo que actualmente contempla la Ley Federal del Trabajo.