Opinión: Alentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad

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Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos

En México, hay más de 8 millones de personas con limitación para caminar, más de 12.7 millones con limitación para ver, más de 5.1 millones con problemas para escuchar, 2.2 millones con problemas para hablar o comunicarse, 2. 4 millones con problemas para atender el cuidado personal, 4.9 millones con dificultades para recordar o concentrarse y 1.6 con algún problema o condición mental (autismo o esquizofrenia), es decir existen más de 20 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa el 16.5% de la población total del país.

Siendo mayor el número de mujeres, 11 millones 111 mil 237, que, de hombres, 9 millones 726 mil 871. En cuanto a la edad, el 40.9%, se concentra en el grupo de mayores de 60 años, seguido por los de 30 a 59 años (29.8%), después los de 18 a 29 (9.8%), y al final los menores de 17 años (9,1%).

En la población sin discapacidad, el grupo de edad más grande se ubica entre los 30 a 59 años de edad, lo que indica que en la medida en que la población envejece, aumentará la tasa de discapacidad.

Son muchas las barreras mentales que se tienen que superar, como las personas con discapacidad que se sienten inseguras, lo que les impide buscar un trabajo, perdiendo la posibilidad de demostrarle a otros sobre sus habilidades reales.

Algunos empleadores consideran a los discapacitados como poco productivos para sus empresas. Otra barrera, es el número limitado de edificios, calles y zonas adecuadas para que las personas con discapacidad motora puedan desplazarse sin ningún inconveniente. A lo anterior se suman los insuficientes lugares donde las personas puedan acudir a capacitarse para adquirir conocimientos técnicos que los adentre a la inclusión laboral.

Las personas con alguna discapacidad, experimentan mayores tasas de desempleo, inactividad económica y carecen de protección social, lo que es una condición indispensable para reducir la pobreza, por lo que resulta fundamental incluirlos laboralmente y puedan demostrar que su discapacidad no es una condicionante para lograr un desempeño laboral eficiente.

Está comprobado que una persona con discapacidad al ser contratada, obtiene independencia, reafirma su seguridad personal y sed de superación, aumenta su bienestar y satisfacción al poder aportar ingresos a su hogar.

Las empresas al permitir la inclusión de personas con discapacidad, pueden deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores, así como llegar a obtener diversas certificaciones de calidad, mejoras en el clima organizacional y un aumento en la productividad general debido a la valoración de la pertenencia e igualdad en el trabajo.

Nos encontramos ante un sector que durante mucho tiempo ha sido marginado y excluido y al que debemos permitirle su incorporación real, al mundo laboral.