La “justicia” contra la libertad de expresión; primero Moreira, ahora Rubalcava

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Algo está pasando en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que en menos de dos semanas ha sentenciado a dos personas a pagar indemnizaciones por ejercer su libertad de expresión.

Primero fue el caso del reconocido periodista, analista y académico Sergio Aguayo, quien fue demandado por el priísta Humberto Moreira en 2016 “por daño moral” y que fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila y tuvo que cubrir la cantidad de 450 mil pesos como garantía para evitar ser embargado, “para aplacar a Moreira”, dijo. 

Ahora tocó el turno a Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, quien ayer fue sentenciada por el mismo tribunal a pagar un millón de pesos como indemnización al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, también priísta, por un supuesto daño moral. 

La demanda de Rubalcava se dio en un contexto de debate político en el que Félix denunciaba el acoso, amenazas y discriminación de que fue objeto por parte del hoy alcalde de Cuajimalpa, en el que trascendió un audio en el que el político priísta le decía: “si yo hubiera nombrado a un perro de candidato en este distrito hubiera ganado”, refiriéndose a las elecciones en las que Paola ganó el cargo de diputada federal.

De acuerdo con la hoy titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, esta expresión “configura una clara tipología de violencia política en razón de género; además de que en el audio se aprecia la prohibición expresa que se me hace para realizar actividades políticas dentro del territorio de la (entonces) delegación Cuajimalpa”.

Y, a pesar de ello, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció ayer a Paola Félix Díaz a indemnizar a Rubalcava con un millón de pesos.

Pero, independientemente de la cantidad, la sentencia del Tribunal coincide con la que se emitió a favor de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo. En ambas, lo que está en juego es el derecho a la información y la libertad de expresión consagrados en los artículos sexto y séptimo constitucionales.  

“Una resolución que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, que pasa por alto una acción violenta y discriminatoria hacia una mujer por el hecho mismo de serlo y que, por lo tanto, perpetúa la violencia política y social por razones de género, haciendo aún más honda la brecha de desigualdad… la Sala se equivoca al valorar medios infundados para determinar sanciones, las cuales son desproporcionadas no solo por el supuesto daño causado sino porque son injustas al pretender reparar un daño inexistente”, consideró Félix Díaz.